Se activa en España …
UNA MAREA VIOLETA CONTRA LA OFENSIVA PATRIARCAL DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES
Ante las decisiones tomadas unilateralmente por los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores de derechas QUE:
Todo ello supone una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres.
Estas medidas están teniendo como consecuencia directa el despido de profesionales cualificadas que venían desarrollando durante años su trabajo en los diferentes recursos de igualdad, prestando un servicio de calidad y compromiso con la igualdad.
Las organizaciones que suscribimos manifestamos nuestra repulsa y exigimos el cumplimiento de las leyes de Igualdad en todas las comunidades del territorio español, y convocamos a una movilización y manifestación/concentración a nivel estatal para el próximo 10 de febrero a las 19:30 horas en las plazas principales de las diferentes localidades.
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En el ambiente festivo y solidario de las actuales movilizaciones en España, el único incidente conocido, la única censura, fue la retirada de una pancarta feminista y el abucheo a quienes la colocaron. No debe sorprendernos: la ideología dominante nos invade a todos/as, desde la Plaza Tahrir a la Puerta del Sol. En todos los países, en todos los periodos históricos, el patriarcado no se sostendría sin la configuración del género masculino como rechazo de lo femenino, sin esa violencia simbólica escrita en el cuerpo de las mujeres, sin nuestra propia interiorización de la dominación masculina. Y como escribió Keynes: “La dificultad no reside en comprender nuevas ideas, sino en rehuir las viejas, que penetran hasta el último rincón del cerebro de aquell@s que, como la mayoría de nosotr@s, hemos sido educad@s en ellas”.
¿Qué hacer? La discusión teórica es importante , pero estoy convencida de que la batalla se ha de ganar en la práctica.
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Aunque algunas personas podrían suponer que la corrupción no afecta al género con su falta de ética y el impacto de su agotamiento de recursos, lo cierto es que agrava la discriminación que las mujeres ya enfrentan a gran y pequeña escalas.
Por Masum Momaya
Definida como “práctica [en las organizaciones, especialmente las públicas] consistente en la utilización de las funciones y medios (…) en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”,1 la corrupción existe en todos los niveles – a través de sobornos que pasan de unas manos a otras en las transacciones interpersonales, por medio de fugas en las arcas locales y nacionales, como también mediante tratos transnacionales realizados fuera de los mecanismos regulatorios y la supervisión, o a pesar de éstos.
Si bien algunas personas suponen que el género no es afectado por la falta de ética de la corrupción y el impacto de su agotamiento de recursos, las investigaciones muestran que la corrupción incrementa las discriminaciones que ya sufren las mujeres y otros grupos marginados.2 En general, este aumento ocurre a medida que las mujeres intentan participar en los procesos de adopción de decisiones, procuran la realización y protección de sus derechos y adquieren control sobre los recursos.3
Debido en gran medida a sus roles sociales como proveedoras de cuidados, muchas mujeres pueden estar familiarizadas con la pequeña corrupción – aquélla que las obliga a pagar sobornos, por ejemplo, para tener acceso a establecimientos; asegurar la inscripción escolar de sus hijas e hijos; conseguir una licencia para conducir o poner en marcha un negocio; u obtener un préstamo, medicinas o un examen médico. Si a la discriminación por motivos de género se le añade una capa de corrupción, estas transacciones de rutina se tornan difíciles.
En tales situaciones, las mujeres pobres a menudo no pueden costear sobornos y algunas se ven obligadas a pagar con servicios sexuales o encontrar un hombre que las patrocine para asegurarse derechos fundamentales y servicios básicos.4
De manera similar, la corrupción a nivel macro en la esfera política, en las contrataciones del sector público, en las transacciones comerciales transnacionales y los procesos de la cooperación al desarrollo también exacerba la discriminación que las mujeres enfrentan en estos ámbitos.
A nivel mundial, las mujeres están subrepresentadas como votantes y candidatas en las elecciones. Las historias de la mayoría de naciones dan cuenta de que a las mujeres se les impidió legalmente emitir el voto o postularse como candidatas. Hoy día, aunque esas leyes han sido derogadas casi en todas partes, las mujeres continúan enfrentando obstáculos en la política debido a la corrupción.
En ausencia de leyes sólidas sobre la financiación de campañas o de supervisión de ésta, muchos candidatos reciben dinero de fuentes corrompidas o potencialmente corruptas. Además de que con frecuencia no se revelan las fuentes de financiamiento, los funcionarios que ya ocupan cargos públicos, quienes en su mayoría son hombres, a veces abusan de recursos gubernamentales tales como espacio de oficina, materiales, acceso a teléfono e Internet y listas de votantes en sus operaciones de campaña.5
Dado que es menos probable que a las mujeres se les permita acceso al ‘viejo club de hombres’ cuando se postulan como candidatas, tienen una marcada desventaja frente a quienes cuentan con dinero y acceso.
Asimismo, los candidatos con acceso a dinero y poder pueden sobornar directamente a personas votantes dándoles alimentos, dinero y ropa – o las amenazan con no brindarles servicios básicos si no votan por ellos. En México, por ejemplo, votantes testificaron que se les había “amenazado con el retiro de subsidios bajo el programa estatal para alivio de la pobreza, Progresa, si votaban por la oposición”.6
Muchas personas votantes también se enfrentan a fraude electoral y al uso de múltiples papeletas de votación (cuando sólo una es permitida) al llegar a las urnas. Por ejemplo, en las elecciones nacionales de 2008 en Pakistán, debido a los desequilibrios de poder dentro de los hogares, los hombres pudieron tomar las cédulas de identidad de sus parientas, vestirse con túnicas tradicionales femeninas (burkas) y presentarse a los centros de votación para emitir votos adicionales fingiendo ser mujeres. Trabajadores afiliados a partidos, confabulados con estos votantes, supervisaron los centros pero no hicieron nada para prevenir o corregir dicho fraude.7
En Kenia, candidatas políticas como Wangari Maathai, lideresa del Movimiento del Cinturón Verde , han sido un ejemplo contrario a la práctica de ‘dejar las cosas como están’ en la política, al construir una sólida base comunitaria conformada principalmente por mujeres votantes y pequeños donantes para tener éxito en las elecciones.8
La corrupción, sin embargo, no se limita a las elecciones. La presencia constante y la fuerza de cabilderos asegura que quienes poseen la capacidad de ofrecer dinero y regalos tengan un acceso privilegiado a formuladores de políticas y una influencia indebida sobre éstos.9
Además, ya en el poder, políticos de alto nivel, que en su mayoría son hombres, a menudo gozan de inmunidad al enjuiciamiento y de un inmenso poder personal.10 Por ejemplo, muchos jefes de Estado no han sido procesados ni enjuiciados adecuadamente por su participación en crímenes de guerra, incluido el uso de la violación sexual como arma de guerra.
A nivel cotidiano, tampoco se puede exigir cuentas a muchos líderes de alto nivel por su falta de provisión de bienes y servicios básicos tales como alimentos, agua, electricidad y medicinas a la población. Con un escaso acceso a canales de rendición de cuentas que se suma a sus cargas cada vez mayores como cuidadoras, las mujeres sobrellevan el peso de proporcionar esos bienes y servicios cuando los gobiernos o sus proveedores contratados no lo hacen.11
Según Transparencia Internacional una coalición global contra la corrupción, “en promedio, aproximadamente el 70 por ciento del gasto del gobierno central se convierte, de una u otra forma, en contratos. Los contratos son fuentes de poder para quienes los extienden y objeto de ambición para quienes podrían recibirlos, haciéndoles particularmente susceptibles a que se abuse de ellos a expensas de la necesidad pública”.12
Más aun, “la contratación pública es una manera en que se implementan las políticas públicas y es un área de negocios enorme y lucrativa. Pensemos en compañías farmacéuticas compitiendo por suministrar a un programa gubernamental de vacunación, en la privatización de una empresa de telecomunicaciones propiedad del gobierno, o en el otorgamiento de contratos para reconstruir la infraestructura destruida en Irak”.13
La mayor parte del otorgamiento de contratos se da a través de espacios de reunión informales del viejo club de hombres y no mediante procesos de licitación abiertos y justos. Las mujeres, a quienes además de estar excluidas de estas redes se les dificulta obtener créditos y licencias para iniciar y desarrollar negocios, raras veces compiten por estos contratos.
Mientras tanto, dado que los esfuerzos genuinos por servir al interés público y proporcionar servicios accesibles y asequibles no suelen ser los principales criterios para otorgar contratos, los fondos públicos son mal utilizados, se distorsiona la competencia justa y las necesidades básicas se descuidan.14
De nuevo, las mujeres suelen verse forzadas a compensar con su tiempo y trabajo. Por ejemplo, cuando a líderes del sector privado que tenían relación con funcionarios públicos se les cedió el manejo de la distribución del agua en países como Bolivia15 y Sudáfrica,16 el agua no se suministró o fue distribuida a precios exorbitantes. Además de movilizarse para oponer resistencia a esto, las mujeres tuvieron que encontrar otras maneras de obtener el líquido y así evitar los consecuentes retos para la salud y el saneamiento debido a la falta de agua limpia y potable.
Hasta que se formuló y adoptó en 1999 la ‘Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales’, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),17 no sólo era legal que las empresas sobornaran a funcionarios públicos de otros países para asegurar contratos, sino además recibían privilegios fiscales de sus propios gobiernos por hacerlo. Hoy día esto es ilegal, pero el proceso de enjuiciamiento es tan caro y engorroso que esos sobornos continúan, a menudo mediante la cortina de humo de intermediarios.18
La industria de armas y el sector energético son particularmente vulnerables a esta forma de corrupción.19 Debido a su naturaleza clandestina, ha sido difícil exigir rendición de cuentas a las empresas responsables de la venta ilegal de armas a funcionarios públicos; el flujo de armas hacia muchos países ha incrementado la violencia civil y el militarismo en general, de los cuales mujeres, niñas y niños suelen ser víctimas.
En el sector energético, conforme los países pobres descubren reservas de petróleo o gas, las ganancias obtenidas de éstas a menudo van a los bolsillos de funcionarios públicos e intermediarios.20 Se establecen precios artificialmente elevados para el combustible, lo que a su vez aumenta los costos de bienes que dependen de éste, como los alimentos. Dado que las mujeres son quienes con mayor frecuencia compensan los cambios en el costo de vida, la carga de los efectos de la corrupción recae desfavorablemente sobre ellas.
De manera similar, la cooperación al desarrollo puede incrementar la corrupción. Organizaciones de la sociedad civil en países con gobernanza débil y grandes ingresos de ayuda han hecho notar que la cooperación extranjera puede en ocasiones presentar incentivos perversos de invertir en sectores y proyectos no priorizados por los gobiernos receptores.21 La ayuda puede además distorsionar las estructuras salariales y crear oportunidades para la corrupción por parte del sector privado en países donde los mecanismos regulatorios son débiles.22
También sobrevienen impactos de género diferenciados. Por ejemplo, en las décadas de 1960 y 1970, países y agencias donantes, así como sus subsidiarias en el sector privado, incluyendo casas farmacéuticas, dirigieron proyectos de control demográfico en el mundo en desarrollo. La esterilización y métodos anticonceptivos que en gran medida no habían sido puestos a prueba fueron los principales medios utilizados para controlar el crecimiento de la población – en vez de invertir en educación sobre la salud sexual y reproductiva y en servicios integrales que atendieran a las realidades socioeconómicas de las vidas de las mujeres.23 En algunos casos, gobiernos relativamente débiles no fueron capaces de dar marcha atrás a esas políticas; en otros, funcionarios públicos de los países receptores cooperaron plenamente, poniendo en sus propios bolsillos una parte de la ayuda y las ganancias.
Aun así, la ayuda puede también servir como una fuerza contra la corrupción – no a través de condicionalidades sino construyendo sistemas sólidos de transparencia, rendición de cuentas y regulación. Implementar tal agenda requiere de previsión, habilidades y cooperación por parte tanto de donantes como de receptores, y algunos donantes internacionales están trabajando activamente para poner en práctica medidas contra la corrupción.24
Al final, independientemente de las esferas donde ocurra la corrupción, para que las mujeres, otros grupos marginados y ciudadanas/os comunes no se vean desfavorecidos en múltiples formas, se deben eliminar de raíz el nepotismo, el soborno, la influencia indebida de intereses especiales y los tratos ilegales carentes de ética. Al mismo tiempo, las mujeres y todos los demás grupos necesitan tener más acceso a información. En muchos casos, las mujeres sí tienen derechos pero no han tomado conciencia de ellos o de cómo ejercerlos. En esos casos, los tomadores de decisiones corruptos no son confrontados. En general, la meta no es que más personas entren a las redes donde sucede la corrupción para que puedan ‘participar en el juego’, sino cambiar las reglas del juego para que la corrupción no consuma ni monopolice los recursos que deben llegar a la gente y beneficiarla.
————————[1] Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. http://buscon.rae.es/draeI/.
[2] Transparencia Internacional, Gender and Corruption: Understanding and Undoing the Linkages [Género y corrupción: Comprendiendo y deshaciendo los vínculos], Documento de trabajo No. 3, 2007, Berlín.
[3] Ministra de Justicia de Finlandia, Tuija Brax, sobre los derechos de las mujeres y la prevención de la corrupción; ponencia presentada en el seminario ‘Las mujeres en el gobierno y la política’, Helsinki, 3 de septiembre de 2009 (en inglés).
[4] Ibíd.
[5] Transparencia Internacional, ‘Financiamiento político’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/political_finance. Ver también: ‘Reducir la corrupción en el financiamiento de la política’, http://www.transparency.org/regional_pages/americas/financiamiento_politico.
[6] Transparencia Internacional, ‘Compra de votos’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/vote_buying.
[7] Museo Internacional de las Mujeres (IMOW), ‘Fatima Bhutto: Women’s Political Participation in Pakistan’ [‘Fatima Bhutto: La participación política de las mujeres en Pakistán’], Transmisión No. 2, octubre de 2008, http://www.imow.org/Wpp/Learn/Podcasts/Popup?id=83.
[8] Museo Internacional de las Mujeres (IMOW), ‘Roots of Peace: Wangari Maathai and the Green Belt Movement’ [‘Raíces de paz: Wangari Maathai y el Movimiento del Cinturón Verde’], http://www.imow.org/wpp/stories/viewStory?storyId=1239.
[9] Transparencia Internacional, ‘Financiamiento corporativo y compra de influencias’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/corporate_funding.
[10] Transparencia Internacional, ‘Llevando a políticos corruptos ante la justicia’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/corrupt_politicians.
[11] Museo Internacional de las Mujeres (IMOW), Exhibición Económica: Las mujeres y la economía global, http://www.imow.org/economica/stories/viewTheme?id=477.
[12] Transparencia Internacional, ‘Contrataciones públicas’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/public_contracting.
[13] Ibíd.
[14] Ibíd.
[15] Peredo Beltrán, Elizabeth, Mujeres del Valle de Cochabamba: Agua, privatización y conflicto. Berlín: Fundación Heinrich Böll, 2004 (edición revisada), http://funsolon.civiblog.org/_attachments/2878593/Agua,privatizacionyconflicto.pdf.
[16] Carty, Bob, ‘Whose hand on the tap? Water privatization in South Africa’ [‘¿La mano de quién está sobre el grifo? Privatización del agua en Sudáfrica’], CBC Radio, febrero de 2003, http://www.cbc.ca/news/features/water/southafrica.html.
[17] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ‘Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales’, 21 de noviembre de 1997, http://www.transparency.org/regional_pages/americas/convenciones/ocde; la Convención y documentos complementarios están disponibles en http://www.oecd.org/dataoecd/41/25/2031472.pdf.
[18] Ibíd., nota 9.
[19] Ibíd.
[20] Ibíd.
[21] Transparencia Internacional, ‘Corrupción y ayuda’ (en inglés), http://www.transparency.org/global_priorities/poverty/corruption_aid.
[22] Ibíd.
[23] Bandarage, Asoka. Women, Population and the Global Crisis: A Political Analysis [Mujeres, población y la crisis global: Un análisis político]. Londres: Zed Books, 1997.
[24] Transparencia Internacional, ‘Prácticas óptimas en las estrategias anticorrupción para programas de desarrollo’ (en inglés), .
Fuente: AWID
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