Se activa en España …
UNA MAREA VIOLETA CONTRA LA OFENSIVA PATRIARCAL DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES
Ante las decisiones tomadas unilateralmente por los gobiernos de las comunidades autónomas gobernadas por partidos conservadores de derechas QUE:
Todo ello supone una violenta agresión a los avances logrados durante toda la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres.
Estas medidas están teniendo como consecuencia directa el despido de profesionales cualificadas que venían desarrollando durante años su trabajo en los diferentes recursos de igualdad, prestando un servicio de calidad y compromiso con la igualdad.
Las organizaciones que suscribimos manifestamos nuestra repulsa y exigimos el cumplimiento de las leyes de Igualdad en todas las comunidades del territorio español, y convocamos a una movilización y manifestación/concentración a nivel estatal para el próximo 10 de febrero a las 19:30 horas en las plazas principales de las diferentes localidades.
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En el ambiente festivo y solidario de las actuales movilizaciones en España, el único incidente conocido, la única censura, fue la retirada de una pancarta feminista y el abucheo a quienes la colocaron. No debe sorprendernos: la ideología dominante nos invade a todos/as, desde la Plaza Tahrir a la Puerta del Sol. En todos los países, en todos los periodos históricos, el patriarcado no se sostendría sin la configuración del género masculino como rechazo de lo femenino, sin esa violencia simbólica escrita en el cuerpo de las mujeres, sin nuestra propia interiorización de la dominación masculina. Y como escribió Keynes: “La dificultad no reside en comprender nuevas ideas, sino en rehuir las viejas, que penetran hasta el último rincón del cerebro de aquell@s que, como la mayoría de nosotr@s, hemos sido educad@s en ellas”.
¿Qué hacer? La discusión teórica es importante , pero estoy convencida de que la batalla se ha de ganar en la práctica.
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El Gobierno aprobó el pasado viernes, 12 de diciembre, junto con el Plan de Derechos Humanos, el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, que, entre otras medidas, recoge un periodo de protección a las víctimas durante 30 días. Se trata de que durante este tiempo, las víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Además, con este Plan se realiza una apuesta muy fuerte para el estrangulamiento económico de las organizaciones que se dedican a la trata.
El estrangulamiento económico de las redes que trafican con personas para su explotación sexual está considerado una medida eficaz. Por esa razón, se ha incluido en el plan una modificación del Código Penal para extender el decomiso exprés a los delitos de trata, algo que sólo se aplica por ahora en casos de droga y contrabando. Las autoridades competentes podrán hacerse con todo el patrimonio de estos delincuentes al iniciarse el proceso, aunque sólo tras una sentencia condenatoria pasarían a subasta. Los beneficios irían a un fondo para la lucha contra estos delitos, igual que el creado con dinero de los narcotraficantes.
Se modificará, además, la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que las mujeres obligadas a ejercer la prostitución puedan declarar contra sus captores en la fase de instrucción sin necesidad de repetirlo en el juicio. Es lo que se llama prueba anticipada, y permitirá una declaración rápida que impida a la víctima tener que vérselas otra vez con su agresor en el juicio o desdecirse, algo que ocurre por las presiones a las que son sometidas.
El Plan contempla, asimismo, la intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial para la trata de mujeres y la mejora de la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para su investigación y lucha. Según estimaciones policiales, el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras, y la mayoría de ellas están en manos de redes de trata de seres humanos.
Este Plan recoge sesenta y una medidas que pretenden sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de “tolerancia cero” contra los actos delictivos relacionados con la trata, combatir sus causas a través de políticas activas de cooperación con los países de origen, tránsito y destino, contar con la participación de las Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo de medidas desde una perspectiva integral, asegurar la asistencia y protección a la víctima, y luchar decididamente contra los traficantes y proxenetas.
Las medidas se dividen en tres ejes principales: asistencia social a las víctimas, lucha efectiva contra las mafias y traficantes, y sensibilización, prevención y coordinación.
Asistencia social a las víctimas
El Gobierno proporcionará protección integral a las víctimas de trata a través de un periodo de reflexión de, al menos, treinta días, para que las víctimas puedan restablecerse, escapar de la influencia de los traficantes y decidir su colaboración con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. Durante ese periodo las víctimas tendrán derecho a la asistencia social y jurídica, y al establecimiento de una dotación económica que garantice su subsistencia o su posible retorno al país de origen, si lo solicitan.
Asimismo, se perfeccionarán los mecanismos legales existentes para proporcionar a las víctimas un sistema de asistencia jurídica gratuita inmediata y la disponibilidad de intérprete. Las víctimas dispondrán, además, de información específica sobre sus derechos y los recursos de los que disponen, y formarán parte de los colectivos beneficiarios de los programas de formación para el empleo. El Plan contempla, igualmente, la creación de unidades móviles para la atención a víctimas y de centros de acogida con programas de atención integral específica.
Lucha contra las mafias y fondo de bienes decomisados
El Gobierno privará de sus beneficios económicos a las organizaciones que se dedican a la trata. Para ello, se reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en relación con esta delincuencia. Además, se creará un Fondo de Bienes decomisados procedentes de la trata, que irá destinado tanto a la asistencia de las víctimas, como al fortalecimiento de la actuación policial contra este delito.
Para lograr un mayor control en la entrada al país de las mafias, se incluirá el uso de identificadores biométricos en la expedición y verificación de visados y permisos de residencia, y se implantarán en todo el territorio nacional nuevos sistemas y mecanismos de control para detectar situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte.
El Plan regula también la intensificación de las inspecciones en lugares de riesgo potencial para la trata y la mejora de la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para su investigación y lucha. Para ello, se perfeccionará el conocimiento del “modus operandi” empleado en este tipo de criminalidad.
Sensibilización y prevención
Resulta vital profundizar en el conocimiento del fenómeno de la trata y en sus verdaderas dimensiones desde un punto de vista multidisciplinar. Por ello, se realizarán estudios sobre las consecuencias de la trata en sus víctimas, los diferentes modelos de intervención para la recuperación y el mapa de recursos existentes.
Al mismo tiempo, se desarrollarán campañas de concienciación sobre la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres que ejercen la prostitución y de las víctimas de la trata, y campañas de información específicas dirigidas al sector de empresas de viaje, instituciones y organizadores de eventos multitudinarios. Asimismo, el Plan Integral aprobado hoy en Consejo de Ministros prevé la constitución de un Foro contra la Trata integrado por las administraciones públicas competentes, las ONG´s y otras institucionales implicadas en la asistencia a las víctimas y la lucha contra este delito para garantizar la coordinación y la coherencia de actuaciones desde una perspectiva integral.
El Plan tendrá una vigencia de tres años (2009-2012), periodo de tiempo necesario para poner en marcha de forma eficiente las medidas y suficiente para valorar la eficacia de las mismas. Entrará en vigor el 1 de enero de 2009 y está dotado con más de 44 millones de euros. Para su seguimiento y evaluación se creará un Grupo Interministerial de Coordinación presidido por el Ministerio de Igualdad, que estará integrado también por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Justicia, Interior, Educación, Política Social y Deporte, Trabajo e Inmigración y Sanidad y Consumo.
La trata de Seres Humanos, una prioridad
La Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual es una de las manifestaciones más crueles de desigualdad. Según estimaciones policiales, el 90 por 100 de las mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país son extranjeras y, de ellas, la mayoría están en manos de redes de trata de seres humanos. Las mujeres son captadas en sus países de origen aprovechando su situación de vulnerabilidad, mediante engaños como falsas ofertas de empleo o a través de agencias de viajes, matrimoniales o de modelos.
En la lucha contra este delito, el Consejo de Ministros remitió el pasado 24 de octubre a las Cortes Generales, para su ratificación por el procedimiento de urgencia, el Convenio de acción contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa, cuya firma había sido autorizada el 23 de mayo. El Congreso de los Diputados le dio luz verde a finales de noviembre y en breve lo hará el Senado, por lo que la ratificación por España será definitiva, previsiblemente, antes de que finalice este mismo año. Con ello nuestro país se suma al elenco de países que ya han firmado el Convenio.
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© Nacho Casanova
Hetaira ante la aprobación del
PLAN INTEGRAL CONTRA LA TRATA DE SERES HUMANOS
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL
El pasado viernes, día 12 de diciembre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. A la vista del contenido de dicho plan, Hetaira (colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas) quiere hacer constar lo siguiente:
1. Nos congratula que el Gobierno haya elaborado por fin un plan contra la trata de seres humanos. No obstante, nos preocupa que ante la grave violación de los derechos humanos que significa la trata, sólo se haya elaborado un plan centrado en “fines de explotación sexual” y se hayan dejado fuera otras formas de trata de seres humanos (explotación laboral en otras actividades económicas, matrimonios forzosos o servidumbre). Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Unión Europea, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es ni la única existente ni tan siquiera la mayoritaria en porcentajes (entre el 20 y el 32% de los casos).
2. Nos parece muy acertada y apoyamos la distinción que se hace en la introducción entre trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes. No obstante, en el conjunto de medidas propuestas por el Gobierno esta distinción queda oscurecida, pues en muchas ocasiones se trata de manera equivalente ambos fenómenos.
3. Nos resulta especialmente preocupante que las medidas que propone el plan para la protección y atención de las víctimas estén condicionadas a la denuncia y colaboración en la persecución de las redes criminales. La trata es un delito de tal gravedad que la protección de las víctimas debería ser el centro de las actuaciones gubernamentales. Éstas tienen que ser consideradas sujetos de protección, de derechos y de reparación, independientemente de su colaboración policial o judicial. Por el contrario, en el plan presentado por el Gobierno las víctimas son consideradas fundamentalmente testigos en los procesos judiciales, cuando no delincuentes si no quieren colaborar. En este sentido, echamos de menos medidas sociales y no sólo policiales, para la detección precoz y la protección de las víctimas. Es urgente que cesen las expulsiones y deportaciones de víctimas a sus países de origen.
4. Creemos que el Gobierno se equivoca cuando afirma que: “No se puede desvincular el fenómeno de la trata del de la prostitución”. Para nosotras es fundamental que se entienda la prostitución “decidida” como una actividad económica que debiera contar con derechos laborales y la prostitución forzada como un delito (1). Sin embargo algunas medidas están encaminadas a combatir la prostitución (control de los anuncios de contacto en los medios de comunicación, educación para reducir la demanda) no la trata de seres humanos.
5. Las medidas propuestas están pendientes de un desarrollo posterior cuya eficacia habrá que valorar en su momento, pero algunas son claramente insuficientes. Por ejemplo, los 30 días de plazo de reflexión de las víctimas para que decidan si quieren denunciar son pocos, tal y como vienen explicando las ONG’s que trabajan con víctimas de estrés pos-traumático y que señalan la necesidad de 90 días como mínimo.
6. Nos preocupa especialmente que el plan no mencione explícitamente la posibilidad de la obtención de permiso de trabajo para las víctimas, imprescindible para su recuperación e inserción social y que sólo nombre el permiso de residencia para quienes previamente hayan denunciado.
7. Por último, nos congratulamos de que el Gobierno se comprometa a realizar estudios e investigaciones que arrojen luz sobre la trata de seres humanos y sus consecuencias, de modo que se pueda intervenir en la recuperación de las víctimas y ayude a poner en marcha recursos sociales adecuados y acertados.
Madrid, 14 de diciembre de 2008
Hetaira
(www.colectivohetaira.org)
Hetaira (Premio René Cassin por la Defensa de los Derechos Humanos 2003) forma parte de: la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo; ICRSE (Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa); TAMPEP (Red Europea para la Prevención de HIV/STI y Promoción de la Salud entre Trabajadores Migrantes del Sexo) y ENAT (Red Europea de Cooperación a favor de Mujeres y Menores Víctimas de Tráfico y Explotación Sexual).
— hetaira 16.12.08 #